Urgente necesidad de conciliación en esta época de crisis
La administración de justicia es una pieza angular de nuestro Estado de Derecho. La oportuna y transparente integración de las Altas Cortes es fundamental para que el sistema opere adecuadamente. Nuestra Constitución Política establece una serie de pesos y contrapesos para lograrlo, para lo cual asigna funciones y responsabilidades a los distintos poderes del Estado y a diversas instituciones. La connotación de “Altas Cortes” es un indicativo muy claro sobre la relevancia de la función de las mismas y denota la confianza que la sociedad ha puesto en su labor. Por ello, es imperativo que los magistrados que las integran sean idóneos, que cuenten con una trayectoria intachable y que sus actuaciones obedezcan a la búsqueda del bien común y al decidido respeto al imperio de la ley; evitando la injerencia de intereses particulares u ocultos sobre sus deliberaciones. Su alta investidura exige que los Magistrados sean profesionales probos, capaces, honestos e independientes.
Al margen del debate que ha existido sobre la necesidad de revisar los procesos que se siguen en la actualidad para la evaluación de los aspirantes y para la integración de las nóminas de candidatos a estas Cortes, así como de impulsar algunas reformas constitucionales del sector justicia que viabilicen estos cambios, nos encontramos en una encrucijada que activa muchas alarmas. Los nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones tendrían que haber asumido funciones el 13 de octubre del año pasado. Una serie de acciones legales han interrumpido el proceso en distintos momentos, habiéndose diferido la elección, sin que logre llevarse a cabo. El proceso está ahora en manos del Congreso de la República, al que la Corte de Constitucionalidad había fijado un plazo para realizar la elección, el cual ya venció.
Enfrentamos una compleja crisis institucional y política, que abarca a la Corte de Constitucionalidad, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justica y al Ministerio Público, entre otros actores. La misma ha involucrado al Procurador de los Derechos Humanos y coloca también al Organismo Ejecutivo en una posición complicada. Pareciera que nos encontramos en un callejón sin salida, en medio de una lucha de poder, en donde cada quien tira de la pita. En los últimos sucesos vemos jalando en un extremo a la Corte de Constitucionalidad y, en el otro, al Congreso de la República. El proceso ha puesto al Ministerio Público en medio de la pugna, haciendo que su actuación con relación a las sindicaciones entre las instituciones involucradas pudiese determinar el rumbo a seguir. Muchas voces se pronuncian sobre quién tiene la razón, sin que se ubique una solución. Lamentablemente, no está claro si atrás de esta problemática hay fuerzas ocultas, que manejan la agenda o se aprovechan de la polarización existente. Además, existe preocupación sobre la interferencia del crimen organizado y de otros intereses cuestionables en el manejo de esta situación.
La medición de fuerzas entre los involucrados en esta crisis y la falta de acuerdos podrían tener secuelas muy grandes sobre la administración de justicia y sobre la gobernabilidad del país. Ya nos encontramos en condiciones muy frágiles debido a la pandemia, que ha traído secuelas nefastas en la salud, la nutrición, el empleo y la economía, como para que este impasse agrave aún más la situación. Es evidente que hay muchos intereses en escena y que existen opiniones encontradas sobre las actuaciones de los involucrados, que hacen aflorar argumentos en favor de unos y otros. Sin embargo, no podemos perder de vista que nuestra falta de capacidad para resolver la situación podría resquebrajar nuestra democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, es urgente que encontremos una vía para alcanzar consensos, plantear una ruta de reconciliación y lograr que el proceso de designación de las Altas Cortes siga su curso.
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