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Delicado impase

El Organismo Judicial es uno de pilares del ordenamiento constitucional y responsable de la eficacia y funcionalidad de la administración de justicia.  Su adecuada gestión es la única garantía para asegurar el Estado de Derecho y el bien común. Es por ello, que sus dirigentes deben ser profesionales honorables e idóneos, capaces de realizar la importante función que la sociedad les confiere.  Este año ya deberían haber sido electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, quienes tendrían que haber asumido sus cargos el pasado 13 de octubre. Sin embargo, el proceso se encuentra en un impase, en medio de dudas y sin claridad sobre cómo proceder.  Uno de los principales valladares ha sido la evaluación de jueces y magistrados, a cargo del Consejo de la Carrera Judicial. Esta evaluación es fundamental para asegurar que quienes asciendan en la carrera judicial cuenten con un record satisfactorio. Si la misma fuera llevada a cabo adecuadamente, ayudaría a fortalecer el desempeño y el ejercicio de la función jurisdiccional, estimularía la capacitación y profesionalización, mantendría vigente el principio de independencia y rescataría los valores democráticos e intelectuales de la alta investidura de jueces y magistrados. Sin embargo, el referido Consejo ha reconocido que las evaluaciones a su cargo no están listas y podrían tomar muchos meses. No hay luz al final del túnel.

Es evidente que hay varias agendas sobre la mesa, algunas de las cuales no pretenden, precisamente, que se fortalezca el régimen democrático y la justicia en Guatemala. Algunos parecieran no tener ninguna prisa y buscan dilatar la elección.  Luego de varios meses, las Comisiones de Postulación designadas para proponer al Congreso de la República las nóminas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones han enfrentado muchos tropiezos y finalmente se han visto forzadas a frenar su trabajo, en tanto no se resuelva la incertidumbre que hay en torno a varios asuntos vinculados al proceso. Entre amparos provisionales, acciones legales y falta de claridad sobre diversos asuntos jurídicos, el proceso está atascado. En buena medida, la crisis actual deriva de la falta de preceptos legales o el no cumplimiento de los mismos, particularmente en cuanto a la evaluación del desempeño de jueces y magistrados. Todo ello ha hecho que las Comisiones de Postulación no cuenten con los insumos necesarios para hacer su labor.  En este momento la principal cortapisa es la falta de los resultados de la evaluación a cargo del Consejo de la Carrera Judicial. Para ello, se debería haber contado con reglamentos aprobados por la Corte Suprema de Justicia, con instrumentos debidamente validados y certificados y con un sistema ordenado funcionando. Todo esto no ha sucedido y ahora se exige que se presenten los resultados de evaluación, sin que se disponga de los criterios y elementos de juicio para hacerlo apropiadamente. Estas lagunas siguen desgastando a las entidades del Estado y acentúan la pérdida de credibilidad, vulnerando aún más nuestra institucionalidad. Peor aún, la imposibilidad de llevar a cabo estos procesos y poder designar a los mejores magistrados representa una seria amenaza, pues podría ocasionar la pérdida de la independencia de este alto organismo y sus integrantes.

Por ello, todos los sectores del país debemos demandar la pronta solución de esta situación y apoyar a su solución, para lo cual será necesario unir esfuerzos y definir rutas y estrategias viables, que permitan seguir adelante. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República habrán de actuar consecuentemente para deshacer el nudo que impide caminar, ideando mecanismos ad hoc que permitan avanzar en esta coyuntura.

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Last modified: 31/10/2019

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