Las escuelas requieren atención y respaldo.
El 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación. Tomando en cuenta esta conmemoración, la Directora General de la UNESCO Audrey Azoulay, hizo ver que la celebración se realiza en uno de los contextos de mayor perturbación en la historia de la educación. Se estima que en el pico de la pandemia los centros escolares estuvieron cerrados para un 91% de los estudiantes, cerca de 1,500 millones de niños y jóvenes. Como ella señala, ha sido necesario organizar una educación “sin escuelas”, a través de internet, radio, televisión, correo postal y otros medios. Sin embargo, la falta de infraestructura, recursos y conectividad hizo que muchos no pudieran continuar sus estudios con regularidad. La situación sigue siendo inquietante, lo cual podría incidir en la incorporación y retención de miles de estudiantes al sistema educativo.
La crisis evidenció un panorama poco halagüeño. Miles de estudiantes quedaron varados, sin poder ir a la escuela y sin tener un seguimiento apropiado a distancia. Esto es un serio llamado de atención. Mientras que la sociedad no apueste con firmeza a la educación como fuente de desarrollo, las cosas no cambiarán. No sólo se requieren más inversiones, sino la tenacidad y voluntad política para innovar e impulsar mejores prácticas. Hay una oportunidad única para enmendar la plana. Todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que todos los pobladores reciban una formación de calidad, que les prepare para la vida, para la inserción a la población económicamente activa y para su integración a una sociedad democrática y justa.
Algunas naciones de nuestra región han logrado una alfabetización universal y, pese a que la calidad sigue siendo un tema que aún requiere trabajo, la cobertura a nivel básico y medio también es prácticamente plena. En América Latina se invierte en promedio cerca del 5% del PIB en la educación de sus habitantes, estando Guatemala en el último escaño con menos del 3%. Según nuestra Constitución Política, los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, siendo responsabilidad del Estado proporcionarles y facilitarles educación sin discriminación alguna. Lamentablemente, los esfuerzos para lograrlo se han quedado cortos. Además, se destina al sector menos de la mitad de la meta de recursos que contempla la Ley de Educación Nacional, del orden del 7% del PIB.
Ha comenzado un nuevo ciclo y debemos dar pasos contundentes para corregir las situaciones detectadas, haciendo uso de nuevas modalidades, metodologías y tecnologías. Aunque el coronavirus sigue acechándonos, expertos en salud han indicado que la evidencia no muestra que el cierre de los establecimientos educativos haya evitado la propagación del virus. Por consiguiente, sin desestimar los riesgos y asumiendo los protocolos y medidas de salud y seguridad requeridas, han sugerido la reapertura de los establecimientos y el retorno progresivo a actividades regulares. Esto debe contemplarse con seriedad, pues no podemos darnos el lujo de otro ciclo escolar sin los aprendizajes previstos o de perder a más estudiantes en el camino. Al resolverse volver a clases, también será fundamental contemplar a los docentes y al personal de educación entre los primeros usuarios de las vacunas. Abrir las escuelas para clases presenciales y mantenerlas abiertas traerá grandes beneficios. Esto debe hacerse pronto, de la manera más segura posible.
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*FOTOGRAFÍA POR COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO (CC-BY)
