Medidas que desencantan a padres de familia y a sus hijos.
Parece que todo está abierto, menos las escuelas. Unas semanas atrás hicimos un viaje al altiplano. Nos sorprendió lo contradictorio del panorama. Si uno consulta el tablero de alertas sanitarias, revisa la coloración del semáforo y traza el recorrido desde la capital a Quetzaltenango, uno podría esperar poco movimiento, pues la inmensa mayoría de los poblados en el camino están teñidos de rojo.
La realidad es otra. Sobre la Ruta Interamericana se aprecia gran movimiento. Los comercios, restaurantes y cafés están llenos a más no poder. Parece ser que los habitantes han resuelto conciliar el cuidado de su salud con la reactivación de la economía local y el regreso a la normalidad. Sin duda, se trata de un equilibrio delicado, pues la pandemia sigue atacando.
Pese a la estéril pugna sobre el Estado de Calamidad y lo difícil que resulta que los actores políticos se pongan de acuerdo, la población ha fijado su posición, la cual rebasa las limitaciones impuestas por la coyuntura o por las medidas gubernamentales. Las iglesias reclaman que los feligreses acudan presencialmente, observando aforos y medidas de bioseguridad. Los mercados y comercios defienden sus horarios habituales. La Asociación de Colegios Privados demanda volver a clases, respetando el semáforo. Las calles se mantienen congestionadas, siendo el pesado tráfico muestra de que las familias no están confinadas en sus hogares. Los habitantes ya no toleran el encierro.
En esta compleja realidad, entre los sectores que se han visto más afectados está la educación. Millones de niños y jóvenes guatemaltecos han debido mantenerse lejos de sus centros educativos, tratando, según las posibilidades, limitaciones y condiciones imperantes, de seguir su formación a distancia. Muchos alertan sobre la ineficacia de esta fórmula. Aun quienes cuentan con mejores recursos e infraestructura afirman que la atención virtual no suple lo que las actividades presenciales ofrecen. Por ello, varios establecimientos han establecido políticas, protocolos y mecanismos para que, dentro de lo posible, los estudiantes puedan retornar a las aulas de forma voluntaria.
De igual manera, muchos padres de familia abogan por que las escuelas, colegios e institutos abran de nuevo sus puertas y reciban a sus hijos. Los miembros de las comunidades educativas se han acoplado al tablero sanitario y planifican sus actividades según lo que el semáforo indique. Así, se sabe qué hacer en “naranja” y qué hacer “en rojo”. Lamentablemente, todo se complica cuando las estrategias y normativas gubernamentales fluctúan.
La semana pasada las disposiciones presidenciales sobre la atención en los diversos niveles educativos cayeron como un balde de agua fría a padres de familia e hijos. Los establecimientos también manifestaron su reserva sobre el cierre anunciado. Durante su breve vigencia, fueron muchas las voces que pidieron reconsiderar el asunto, pues urge que los estudiantes regresen a clases presenciales.
El avance de la campaña de inmunización, la puesta en marcha de protocolos y otras medidas deben contribuir a un retorno seguro a clases. Todos deben tomar conciencia de los cuidados que se deben tener y actuar responsablemente para que la educación pueda seguir su curso. Ya no es sostenible que los niños y jóvenes circulen con normalidad por todos los sitios, salvo en sus establecimientos educativos, pues el acceso a los mismos sigue vedado. Las secuelas del cierre de centros escolares serán inmensas, por lo que la apertura de este sector no debe esperar más.
