Por Roberto Moreno Godoy
Necesidades más urgentes de los latinoamericanos y caribeños.
Hay mucho pendiente. Tanto por hacer. Las necesidades de desarrollo son múltiples, pues hay carencias por todos lados. La infraestructura demanda enormes inversiones. Dada la urgencia de prestar atención a distintos frentes, la lista de exigencias es extensa y variada. Cada sector clama por más presupuesto y apunta todo lo que se podría hacer si se tuviera más respaldo ciudadano y del Estado. Así, distintas voces se elevan a favor de causas específicas, compitiendo por el aval ciudadano. Algunos abogan por la relevancia de la red vial para la economía nacional, mientras que otros insisten en el acceso a nuevas tecnologías o al cuidado del medio ambiente. Habrá quienes defiendan la conveniencia de reforzar la seguridad, en tanto otros respalden la infraestructura social. Lo cierto es que, para lograr mejores índices de desarrollo humano y de equidad, así como para alcanzar un progreso sostenible, se requiere fortalecer las condiciones básicas en varios campos. La cuestión es cómo llegar a acuerdos sobre qué hacer y sobre dónde asignar los recursos limitados, sabiendo que, además, debemos elevar la tasa de recaudación fiscal para tener un mayor margen de maniobra, que la calidad de gasto debe mejorar y que se debe combatir con energía la corrupción. Las discusiones anuales sobre los presupuestos nacionales evidencian estas tensiones. No es posible dar a todos los sectores todo lo que solicitan. Así, algunos Estados privilegian las comunicaciones y otros centran sus esfuerzos en salud, educación, nutrición, defensa o seguridad. Por ello, es interesante preguntarnos cómo ven nuestras sociedades el asunto y cómo conciben las prioridades.
Hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo compartió los resultados de una encuesta sobre prioridades en términos de infraestructura sostenible e incluyente. La misma buscaba identificar las necesidades más urgentes de los latinoamericanos y caribeños, para lo cual se encuestó a 33,500 personas. La pregunta era sencilla: “¿Qué consideraban más necesario para la economía del país?”. Los resultados son elocuentes. Las escuelas fueron clasificadas como la prioridad de infraestructura más importante en América Latina y el Caribe. Quienes auspiciaron el estudio señalan que esto no es una sorpresa. El BID indica que esta encuesta confirma la percepción hallada en otros estudios de opinión, incluyendo otra encuesta reciente, también auspiciada por el organismo multilateral, que buscaba captar las consideraciones sobre los desafíos críticos para el desarrollo en la región. En Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay se colocó en primer lugar a la educación y al desarrollo infantil temprano, mientras que para Argentina, México y Venezuela se puso la protección social y el combate a la pobreza. Así, es evidente que las personas consideran la inversión en educación como algo estratégico para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Sin embargo, pese a esta percepción y a los esfuerzos realizados en la región, tanto mediante recursos internos como de préstamo y donación, el BID apunta que América Latina y el Caribe continúa registrando la más alta desigualdad de ingresos del mundo, que afronta grandes retos de desempleo juvenil y que muchas escuelas carecen de condiciones básicas para el aprendizaje, entre otros retos.
Los resultados de estas encuestas invitan a la reflexión y ponen el reflector sobre las prioridades de nuestras sociedades. También hacen que pensemos si efectivamente estamos poniendo los recursos donde decimos que es importante hacerlo o si se trata de un debate que sólo va del diente al labio. La erradicación de la pobreza exige que demos decidido espaldarazo a los sectores sociales, particularmente la educación. La inversión social es determinante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Valdría la pena confirmar si los guatemaltecos estamos convencidos de ello y si estamos dispuestos a dar a estos asuntos la prioridad que merecen en la agenda nacional. Tenemos un enorme reto por delante. ¿Confiaremos en la inversión en educación como un bastión para el progreso de nuestras comunidades? De ser así, nuestras decisiones sobre inversión pública y la manera en que se asignan los recursos deben reflejarlo.